LA MINISTRA DE FUNCIÓN PÚBLICA ANUNCIA IMPORTANTES MODIFICACIONES EN LA TRAMITACIÓN COMO PROYECTO DE LEY DEL RD-LEY 14/2021
Aunque los cambios son aún insuficientes para garantizar la estabilidad en el empleo del personal en abuso de temporalidad, muestran la irresponsabilidad del ex ministro Iceta y de CCOO, UGT y CSIF al pactar un Acuerdo rechazado por la mayoría de grupos parlamentarios
La ministra de Hacienda y Función Pública, Mª Jesús Montero ha anunciado ante el pleno del Congreso de los Diputados que va a convalidar el Real Decreto-ley 14/2021 de medidas para la reducción de la interinidad en las Administraciones Públicas, importantes cambios que hacen referencia tanto a su tramitación, como al contenido del mismo.
Forzado el gobierno por la posición mayoritariamente en contra de los grupos parlamentarios, las negociaciones habidas en las últimas horas parecen haber desembocado en un acuerdo por el que el RD-ley será tramitado como proyecto de ley y en el mismo se introducirán distintos cambios: las pruebas del concurso oposición podrán ser no eliminatorias según determinen las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Por otra parte, para quienes lleven 10 ó más años en un mismo puesto de la administración para el cual no se haya convocado Concurso-Oposición, no será obligatorio el presentarse al concurso-oposición, para lo que se desarrollara el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece la posibilidad del acceso a la función pública a través de un concurso de méritos, en casos de excepcionalidad.
Aún siendo avances muy modestos y que no solucionan el problema de la inmensa mayoría de las personas afectadas, estas modificaciones demuestran que lo que acordaron Iceta y el triunvirato de centrales sindicales, que han quedado -sobre todo éstos- en especial evidencia. Es impresentable que se base una actuación que afecta a 800.000 personas en descalificar por ilegal una vía, que -en cuanto se han dado las primeras negociaciones serias con los grupos parlamentarios- se ha aceptado.
Muchos son los factores que nos han llevado a esta situación. La incapacidad y la torpeza de un ministro que no ha permanecido ni cinco meses al frente del ministerio desde donde debía abordarse el problema y la falta de escrúpulos, unida a unas ansías desmesuradas por obtener beneficios propios por encima de los de las personas a las que decían representar, de unos desnortados CCOO, UGT y CSIF, no son -ni mucho menos- los menos importantes.
En cualquier caso, la situación sigue estando sin resolver. La solución ha de pasar necesariamente por la estabilidad de los empleados públicos temporales en situación de interinidad, para lo que es imprescindible se establezca una legislación que realmente recoja la consolidación del personal en abuso de temporalidad, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 19 de marzo de 2020.
Los cambios anunciados por la actual responsable de Función Pública, Mª Jesús Montero implican el desarrollo como proyecto de ley de la propuesta ministerial, durante los meses de septiembre y octubre. En ese desarrollo parlamentario se debe negociar con los distintos grupos parlamentarios el contenido final de la ley, pero también con la representación sindical del personal interino.
El Real Decreto-ley 14/2021, no solo no soluciona el problema, sino que lo agravará aún más, ya que sanciona a las trabajadoras y trabajadores en abuso de temporalidad, con el despido forzoso, si no aprueban unas oposiciones a las que deben acudir en inferioridad de condiciones. Este personal que durante décadas ha sacado adelante unos servicios públicos atacados doblemente -por los recortes
en la legislatura de la mayoría absoluta del Partido Popular y por la crisis de la pandemia durante los
años 2020 y 2021- recibe ahora, como recompensa la puerta de salida, en unos despidos a bajo coste.
El Real Decreto-ley convalidado hoy promueve la precarización de las plantillas: pretende resolver la
temporalidad con más temporalidad, penaliza a las y los usuarios de los servicios públicos, por lo que
es una amenaza latente para la continuidad de los mismos, y – en definitiva- no resarce de ninguna
manera al colectivo de personal actual en abuso de temporalidad.
Secretariado de la Confederación Intersindical
21 de julio de 2.021
