La Junta de Personal Docente de Cantabria, integrada por los sindicatos STEC, ANPE, CC.OO. y UGT, aportará el martes un segundo informe (ya aportó uno en el comienzo del conflicto) hecho por otro gabinete jurídico que abala la legalidad de la jornada reducida en los meses de junio y septiembre. Independientemente de tecnicismo legales, esta Junta que representa a todo el profesorado de la enseñanza pública de Cantabria, quiere llamar la atención acerca de un hecho que la Consejería no termina de contestar: ¿Cómo es posible que se cuestione la legalidad de la jornada reducida del comienzo y final de curso en Cantabria cuando más de la mitad de las CC.AA. de este país también la tienen?¿Nos quieren hacer creer que durante años las órdenes sobre calendario y jornada pasaron todos los filtros jurídicos sin que nadie se percatara de esa supuesta ilegalidad en la que nos hallábamos en Cantabria y en más de media España?
Esta Junta de Personal está perpleja desde que el Consejero Fernández Mañanes ha invocado el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, para, en base a él, modificar las jornadas reducidas de junio y septiembre. Incomprensiblemente una consejería, al frente de la cual se encuentra una persona del Partido Socialista, resucita ahora el decreto más duro de los recortes de Rajoy y Wert. Decreto moribundo que ni siquiera están aplicando ya las CC.AA. gobernadas por el Partido Popular y que figura en la agenda de la nueva ministra de Educación como una de las reliquias de la época de Wert a derogar definitivamente. La perplejidad de esta Junta se convertirá en indignación si la Consejería, en la espiral enloquecida en la que ha entrado, decide aplicar el resto del citado Decreto-ley y vuelve a subir las ratios, deja de cubrir sustituciones hasta que no pasen diez días lectivos desde la formalización de la baja, etc.
Abundando más en los argumentos anteriores, la opinión pública debería de saber que la Consejería está invocando un Decreto-ley que el propio Ministerio de Educación en el territorio que el todavía gestiona (las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) no tiene aplicación en lo que las jornadas de comienzo y final de curso se refiere, ya que en los colegios de Ceuta y Melilla también reducen la jornada lectiva en los meses de junio y septiembre.
En definitiva, esta Junta de Personal concluye que el Consejero F. Mañanes ha tomado la decisión de ampliar las jornadas en los colegios durante el periodo de comienzo y final de curso porque así lo ha pactado con otras instancias que no son el profesorado. Ante el conflicto que ha originado pretende ahora escudarse en unos informes jurídicos de muy difícil explicación e invocando decretos que ya todos daban por inaplicados en el conjunto del país. Lamentablemente el consejero, al no tener la valentía de tomar él la decisión de manera abierta y esconderse detrás de una delirante interpretación legal, lo que ha terminado generando es un conflicto escolar enorme y una crisis en el seno del Gobierno Regional.