EL STEC, JUNTO CON OTRAS ORGANIZACIONES, SOLICITARÁ AL MINISTRO MIQUEL ICETA UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA INTERINIDAD
El Objetivo de esta rueda de prensa es valorar los planes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública en lo que al problema de la interinidad se refiere, valoración que hacemos tras la primera comparecencia del ministro Miquel Iceta en comisión parlamentaria. En efecto, el recién nombrado ministro compareció en la tarde del pasado jueves en la Comisión Parlamentaria de Política Territorial y Función Pública para exponer las líneas maestras de su Ministerio. El primer punto de la citada comparecencia y al que a su vez también dedicaron más tiempo en sus preguntas e intervenciones todos los portavoces de los grupos parlamentarios, fue precisamente el problema del abuso en la contratación temporal que vienen practicando todas las administraciones y, especialmente, la educativa.
Para centrar el problema diremos que no es fácil concretar con total precisión las cifras de la temporalidad en el Estado Español; pero aproximadamente, el conjunto de las administraciones públicas puede superar las 700.000 personas trabajando en esta situación precaria y que, en el caso de la enseñanza puede aproximarse a las 200.000 (entre un 25 y un 30% del profesorado).
En el caso de la enseñanza pública de Cantabria las cifras si podemos concretarlas con mucha más precisión: hay en estos momentos más de 2800 Interinos e interinas trabajando en plazas vacantes de todo el curso. Esto supone que el 37,2% del profesorado de la enseñanza pública se encuentra en esta situación, es decir uno de cada tres docentes es interino o interina. Cantabria es una de las Comunidades Autónomas, con mayores tasas de interinidad de todo el país. Si profundizamos un poco más en las cifras veremos que el problema es mayor en los cuerpos de Secundaria que en el de Maestros. Mientras que en este cuerpo docente la interinidad es del 28,1%, en el conjunto de todas las enseñanzas de secundaria es del 44,8%, llegándose al extremo en las enseñanzas de Formación Profesional que ya superan ligeramente el 50%.
Estamos pues, en el caso de nuestra Comunidad Autónoma, ante un auténtico problema de primera magnitud: estas cifras ahogan la gestión del personal, lastran todo el sistema, impiden estabilizar las plantillas de los claustros y dificultan la continuidad de los diferentes proyectos pedagógicos, siempre condicionados por esta inestabilidad crónica del profesorado. Y, por supuesto, suponen un problema laboral al tener a miles de compañeros y compañeras en una situación de precariedad.
La situación es tan grave en el conjunto del Estado que ya se han producido dos hechos que son relevantes:
- El primero, es que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 2020 en la que se reconoce que el Estado español ha abusado de la contratación temporal infringiendo la directiva europea (directiva 1999/70/CE de 28 de junio de 1999) sobre el trabajo de duración determinada. Es cierto que la citada sentencia, siendo un varapalo para el Estado español, no arregla el problema de fondo porque deja en manos de los tribunales de justicia nacionales las posibles sanciones al Estado por esta mala praxis.
- El segundo, es la exigencia reciente de la Comisión Europea de acabar con estas prácticas abusivas, exigencia muy concreta que se da en el marco de las reformas asociadas a los fondos europeos.
La intervención del ministro Miquel Iceta el pasado jueves en el Congreso constató la gravedad del problema y reconoció que buscar una salida a este grave asunto era la tarea más urgente de su Ministerio. Esbozó dos líneas maestras de su posible solución; pero ambas a la vez las valoramos negativamente porque resultan contradictorias entre sí.
En efecto. El ministro habló, por un lado, de retomar los “procesos de estabilización” puestos en marcha a raíz del acuerdo suscrito por algunas organizaciones sindicales con el ministro Montoro en el año 2017. En concreto declaró que dicho acuerdo no había alcanzado los objetivos marcados en lo que a reducción de las tasas de temporalidad se refiere, y que era necesaria una nueva ampliación de los procesos de estabilización hasta rematar lo iniciado hace ahora cuatro años. Par este sindicato sería una muy mala noticia que la solución definitiva al problema de la interinidad viniese por el mismo método que se ha aplicado a partir de 2017; porque ni ha bajado significativamente las tasas de interinidad, ni suponen una sanción para las Administraciones incumplidoras de las normas europeas ni, mucho menos, supone un mecanismo que estabilice a las personas interinas de forma definitiva.
Pero, por otra lado, el ministro también manifestó que es necesario dar una solución a las actuales personas interinas con muchos años de servicios (no concreta cuantos) estabilizando con “carácter fijo” a aquellas que vienen trabajando en puestos estructurales. Esto requerirá una perfecta catalogación de los puestos que tienen este carácter estructural, y todo ello, en cualquier caso, haciéndolo con una modificación del Estatuto Básico del Empleado Público con un procedimiento eficaz y seguro que respete la legalidad.
Resulta contradictorio decir que se va a seguir con el procedimiento de estabilización del año 2017 y que permitió las oposiciones de 2018 y 2019 y, a la vez, hablar de estabilizar a las actuales personas interinas. Al tratarse de una intervención en el Congreso de los Diputados, no entró en detalles técnicos y por eso, y para conocer de primera mano cuáles son más concretamente las intenciones ministeriales, la Confederación de STES-i (a la que pertenece el STEC de Cantabria) junto con otros nueve sindicatos con implantación en distintos sectores de la Función Pública, acaba de dirigirse por escrito al ministro solicitándole una entrevista urgente en la que abordar este asunto.
Desde nuestra perspectiva, y así pensamos transmitírselo al ministro, no se puede continuar por más tiempo con este problema y la solución pasa no por volver aplicar el acuerdo de 2017, sino por desarrollar el propio Estatuto Básico del Empleado Público, en concreto su artículo 61.6. de esta norma. Es decir, impulsar en el Parlamento una ley en virtud de la cual, por una sola vez y con carácter excepcional, permita el acceso a la condición funcionarial de carrera mediante un concurso de méritos. En todo caso, y si esta propuesta no es atendida, lo más importante para nuestro sindicato es que la Administración asuma que existe un colectivo, el interino, que ha demostrado suficientemente su valía, que está perfectamente formado y que cuenta con una dilatada experiencia, es decir, dispone de todo un capital humano del que no puede desprenderse bajo ningún concepto. Ni sería justo laboralmente, ni sensato desde el punto de vista de la calidad del sistema y, en consecuencia, le exigiremos una solución negociada a este grave problema.
Secretariado del STEC.
23 de marzo de 2021.