El objetivo de la rueda de prensa es analizar el comienzo del curso escolar y ver los principales temas que se van a ir planteando durante este curso a nivel educativo, tanto en Cantabria como a nivel más general en todo el país.
Como no puede ser de otra manera el comienzo del curso viene marcado por el mismo objetivo que el año pasado, es decir, lograr que los centros escolares estén protegidos frente a la pandemia. Es cierto que ahora tenemos ya al profesorado (y resto del personal que trabaja en los centros docentes) vacunado frente a la COVID y que incluso una parte del alumnado de Secundaria al menos ya iniciado la pauta de vacunación. Es cierto también que tenemos la experiencia de un curso completo en el que gracias al esfuerzo organizativo de los equipos directivos, del profesorado y en general gracias a la colaboración de la comunidad educativa, se consiguió que colegios e institutos fuesen espacios razonablemente seguros. Con todo ello podemos iniciar el curso con algo menos de preocupación de la que teníamos el año pasado por estas fechas. Pero con todo, la más elemental de las prudencias implica que:
- Tenemos que seguir con al menos las mismas medidas que pusimos en marcha en septiembre de 2020.
- Exigir a la administración que no escatime esfuerzos a la hora de afrontar los desafíos que implica la lucha contra la pandemia en los centros escolares.
De los cuatro tipos de medidas que tenemos puestas en marcha desde el curso pasado (uso de mascarilla, protocolos de higiene, ventilación y distancia de seguridad) la más costosa de ellas, porque requerirá de la contratación de más profesorado, será mantener la distancia de seguridad reduciendo las ratios de las aulas. La Consejería de Educación ha desplegado para ello más de un centenar de docentes durante este primer trimestre. Con respecto a ello tenemos que decir tres cosas:
1ª.- Que es una cantidad insuficiente porque no asegura que todas las unidades que pasan de 20 alumnos y alumnas se desdoblen.
2ª. La Consejería se ha negado a garantizar su mantenimiento hasta el final del curso. Argumenta razones presupuestarias, o sea, no poder asegurar que en las cuentas de Cantabria de 2022 se consignen las partidas necesarias para sostener este cupo extraordinario durante todo el año. Cuesta pensar que la Administración contemple la posibilidad de suprimir en enero más de un centenar de docentes que estaban nombrados desde el 1 de septiembre. Volver a fusionar aulas que estaban desdobladas, cambiar tutorías, rehacer horarios y reorganizar, en definitiva, el centro a mitad de curso, serían las secuelas de esta decisión y el peaje que habría que pagar por la falta de peso político de la consejera de Educación. Porque solamente desde la perspectiva de un gobierno autonómico en el que la Educación no es una prioridad se podría entender una decisión de tan nefastas consecuencias.
Pero la peor noticia que tenemos en estos primeros días del comienzo de curso es, sin duda, el que la Consejería haya suspendido la cobertura de las sustituciones hasta el 16 de septiembre. Se hizo una primera adjudicación el 6 de septiembre y, en lugar de continuar con la cobertura diaria de las bajas que se producen en Infantil y Primara y la cobertura semanal del resto de especialidades, opta por un paréntesis retrasando hasta el 16 de septiembre los procedimientos de adjudicación de sustituciones. Con ello, y durante dos semanas, todas las bajas que se produzcan entre el profesorado, no estarán sustituidas hasta el 20 de septiembre. La consecuencia es que en los colegios se romperán los grupos de convivencia estable y, en general los centros se verán faltos de profesorado en un momento tan estratégico como son los primeros días de un curso escolar, que arranca, por tanto, y así lo tenemos que criticar públicamente, peor que el año pasado.
Siendo importante el tema de la pandemia y de la seguridad en los centros, desde el STEC entendemos que hay muchos asuntos pendientes de los que llevamos dos años sin hablar y sobre los que la Consejería guarda un silencio preocupante, aprovechando la excusa de la pandemia. Ya estamos en la segunda parte de la legislatura y determinados asuntos, si no se abordan ahora, en este curso, será mucho más difícil que se traten y se les de una solución en el último año del PRC al frente de la Consejería de Educación. En este sentido se podría hacer una larga lista de asuntos sobre los que la Consejería no dice nada y sobre los que parece no tener proyecto. Citaremos solamente uno: demografía y su efecto en las ratios.
Desde el curso 2013/14 se viene produciendo un descenso del número de alumnos y alumnas que entran “por abajo” en el sistema. Las cifras pasan desapercibidas por el hecho de que aumentan las matriculaciones “por arriba” con la incorporación de cada vez más personas (muchas de ellas adultas) a los diferentes ciclos de Formación Profesional. Lo preocupante es que el bajón demográfico afecta desde hace ocho años de forma constante a la etapa de Infantil y a la de Primaria, y dentro de dos años empezará a afectar a la ESO. En estos momentos hay un 20% menos de alumnado de E. Infantil que hace ocho años. El desajuste entre la demanda de puestos escolares y la oferta educativa ya está originando una reducción de puestos escolares: este curso ya se ha suprimido una docena de aulas de primer ciclo de E. Infantil (alumnado de dos años de edad) por falta de matrícula.
Hace tiempo que el STEC viene demandando abordar este asunto porque tiene graves implicaciones: supresiones de puestos, desplazamientos de profesorado, competencia con la red privada que también sufre el descenso de matrícula (incluso de forma más acusada que la pública). La solución pasa por un plan de reducción de las ratios máximas que empiece en los cursos de menos edad (donde más se está notando el bajón demográfico) para ir extendiéndolo progresivamente por todas las etapas del sistema educativo. Y esto hay que negociarlo con la Consejería de Educación. La administración no puede permanecer más tiempo fingiendo que no pasa nada, a no ser que este contexto demográfico sea visto como una oportunidad para reducir el tamaño de la red pública y ahorrar costes; cuando para nosotros es justo al contrario: una oportunidad para mejorar la calidad del sistema educativo, dando cumplimiento a la tradicional reivindicación del profesorado de trabajar con ratios más bajas que permitan una atención más personalizada del alumnado.
Otros muchos asuntos habría que abordar en las negociaciones: la adecuación retributiva del profesorado pendiente desde hace años, dar un nuevo impulso a la atención a la diversidad, desarrollar la ley de igualdad en el ámbito educativo, y un largo etcétera que desbordaría los límites de esta rueda de prensa. Solamente queremos llamar la atención sobre el hecho de que habiendo sobrepasado ya el ecuador de la legislatura, y con la excusa de la pandemia, la Consejería de Educación sigue adoleciendo de un proyecto educativo para Cantabria en el que se aborden todos los temas pendientes.
Por último, y a nivel estatal, este curso va a venir marcado por la tramitación del proyecto de ley con el que se piensa poner fin al problema de la temporalidad en la función pública. Preocupan y mucho las intenciones del Gobierno en este punto, a la vista del Real Decreto-ley que ya aprobó al final del curso pasado, y que no contemplaba la situación de miles de personas que venían trabajando durante años como interinas. En Cantabria las tasas de interinidad en Educación son muy altas (en estos momentos hay un 36% de profesorado interino) y reconociendo que esto es un problema importante para el sistema educativo, la solución sólo puede pasar por un sistema de acceso a la función pública que de manera transitoria y excepcional permita el acceso de todas estas personas de las que la administración ha venido abusando en su contratación temporal. El sistema educativo no puede permitirse bajo ningún concepto prescindir de todo el capital humano que ya tiene formado como es el personal interino. Este será sin duda un caballo de batalla a lo largo del curso que acaba de empezar.