El sindicato STEC defiende una gestión realmente pública de todos los servicios y denuncia que los ayudantes lingüísticos, cuya contratación está “externalizada”, se van a incorporar con siete meses de retraso a los centros educativos de Cantabria
Acabamos de conocer que las personas que se incorporarán como ayudantes lingüísticos a los centros con programas bilingües no lo harán hasta finales de este mes de marzo, batiendo todos los récords en lo que a gestión ineficaz y despilfarro de los recursos públicos se refiere. Llevamos años denunciando el escándalo que supone dejar en manos de empresas privadas la contratación del personal que presta servicios complementarios en los centros educativos públicos, pero para lo que está ocurriendo este curso se van acabando los calificativos: ¿Cómo es posible que necesiten dos terceras partes del curso para nombrar a un personal que tenía que haber estado en los centros desde septiembre?
Los adalides del neoliberalismo han venido vendiéndonos repetidamente la idea de que las empresas privadas son más eficientes que las administraciones públicas, pero la realidad es bien distinta, como ejemplifica una vez más el caso de los auxiliares de conversación: Mientras que la administración autonómica de Cantabria es capaz de nombrar a tres mil interinos e interinas en el mes de agosto, a través de una empresa privada tarda siete meses en contratar a poco más de un centenar de ayudantes lingüísticos. Y con todo, la lentitud no es lo peor, teniendo en cuenta el despilfarro de dinero público y la explotación laboral que conlleva este sistema de subcontratación.
En efecto, este tipo de empresas que intermedian en la contratación de personal, se llevan habitualmente un 50% de la partida de dinero destinada a este servicio, lo que se traduce en unas condiciones salariales lamentables para los trabajadores y trabajadoras. Esa precariedad laboral, a su vez, repercute negativamente en la calidad del servicio, puesto que la prioridad de estas personas, lógicamente, termina siendo en muchos casos encontrar otro trabajo mejor o complementar sus ingresos con alguna otra ocupación.
En definitiva, dejar en manos de empresas privadas la subcontratación de personal es mucho más ineficaz que gestionarlo directamente: aporta menos calidad al servicio, provoca una intolerable explotación laboral y supone un derroche de dinero público que sólo sirve para engordar la cuenta de resultados de unas empresas que ni arriesgan nada, ni aportan ningún valor añadido. Aunque sea una obviedad, hay que decir que el objetivo de la empresa privada es generar lucrativos beneficios y no dar un servicio de calidad. Eso se hace mejor desde lo Público, porque esa es su razón de ser y por eso es más eficaz, más eficiente, más efectivo, y sobre todo más justo.
Desde el STEC denunciamos esta situación una vez más, exigiendo públicamente a la Consejería de Educación que deje de poner en manos privadas estos servicios y recupere la gestión pública de los ayudantes lingüísticos en particular, y del resto de servicios en general: PROA, TSEIs, trabajadores y trabajadoras de la limpieza…