EL STEC EXIGE UNA POSICIÓN PÚBLICA Y CLARA DEL PRESIDENTE DE NO CONCERTAR EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL CON LA RED PRIVADA DE CENTROS
El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria (STEC) pide al presidente Miguel Ángel Revilla un compromiso público sobre la financiación de las aulas del primer ciclo de Educación Infantil (niños y niñas de entre cero y tres años). La preocupación de este sindicato tiene que ver con los acuerdos que en esta materia alcanzaron los presidentes autonómicos de ocho Comunidades Autónomas, entre ellas Cantabria, el pasado 23 de noviembre en Santiago de Compostela.
En efecto, para el STEC es muy preocupante el acuerdo alcanzado por los presidentes autonómicos de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón Extremadura, Asturias, La Rioja y Cantabria. Nos ha llenado de inquietud la parte referente a educación de los treinta y cinco puntos pactados en la declaración de Santiago. De la redacción inicial en la que se establecía un compromiso de universalización del acceso a la Educación Infantil 0-3 años a través de la “red pública en condiciones de equidad”, se eliminase finalmente esta referencia a la titularidad y condiciones de los centros que tenían que prestar este servicio educativo. Esta declaración escrita, unida a las manifestaciones posteriores de algunos presidentes autonómicos, como el de Galicia, afirmando que el destino de los fondos asociados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia sería la subvención de las actuales guarderías privadas, nos ha llenado de preocupación.
Ante estas perspectivas tan halagüeñas para los negocios privados de la educación, apenas había pasado una semana de la declaración de Santiago de Compostela, cuando la Asociación de Guarderías Infantiles de Cantabria ya estaba pidiendo al Gobierno de esta Comunidad, a través de una columna de un medio de comunicación, no solamente el sostenimiento económico de sus centros, sino que no se pusiese en marcha ningún aula pública de Infantil de un año donde hubiera iniciativa privada. Es decir, subvención con dinero público de negocios particulares y convertir a la red pública en subsidiaria de los centros privados.
Alarmados con esta situación, el STEC pidió explicaciones a la consejera Marina Lombó acerca de los planes que tenía sobre este asunto en la reunión que mantuvo con la Junta de Personal para explicarnos los presupuestos de 2022. La contestación de la Consejería no fue nada concluyente, es más, su exposición fue de una calculada ambigüedad, con lo que no solamente no despejó dudas, sino que suscitó más sospechas e incrementó nuestro nivel de preocupación.
Llegados a este punto, el STEC quiere instar al presidente de Cantabria a que aclare a la opinión pública de esta Comunidad Autónoma cuáles son las verdaderas intenciones que el Gobierno tiene en esta materia. Una parte de los 671 millones de euros que proceden del fondo asociado al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) impulsado desde la Unión Europea vendrá destinado a Cantabria con el objetivo finalista de poner en marcha aulas del primer ciclo de Educación Infantil, y este sindicato cree que es necesaria una total transparencia en la gestión de dichos fondos.
Desde el STEC queremos recordar que la comunidad educativa de la enseñanza pública de Cantabria siempre ha sido especialmente sensible al asunto de la Educación Infantil. Ya entre los años 1999 y 2001 se produjeron importantes movilizaciones cuando el Gobierno autonómico decidió concertar con la red privada el segundo ciclo de esta etapa. Más adelante, entre los años 2011 y 2013 se produjo otra oleada de enormes movilizaciones con motivo de los recortes, que aquí tuvieron como principal detonante la reducción de la presencia de las maestras en las aulas de Infantil de dos años a un tercio de la jornada.
Para el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Cantabria, organización mayoritaria en el sector educativo de esta Comunidad, es una línea roja el que una sola parte de los fondos MRR se destine a subvencionar guarderías privadas. Sería inaceptable un giro tan radical en la política educativa de Cantabria: nunca se ha subvencionado aulas de alumnado de dos años (existen en Cantabria unas 160 aulas públicas de este tramo de edad) y sería inexplicable que ahora, al calor de unos fondos procedente de la UE, se empiece a sostener económicamente con dinero público aulas privadas para niños y niñas de un año. Estos fondos solo pueden ir destinados a ampliar y mejorar la oferta existente de plazas escolares del primer ciclo de Educación Infantil en los centros públicos, los únicos que garantizan las condiciones de calidad y equidad que requiere este servicio.
Insistimos, por tanto, en la exigencia de una aclaración pública por parte del presidente Miguel Ángel Revilla; absolutamente necesaria después de lo pactado con los otros siete presidentes autonómicos en Santiago de Compostela y de la ambigüedad con la que en este asunto se está conduciendo la Consejería de Educación.
Secretariado del STEC