La IC ante las situaciones de injusticia, desamparo y maltrato hacia las personas mayores manifiesta.
No es justo que las personas que tanto hicieron para sacar adelante este país reciban como contraprestación olvido y exclusión. No es justo que esta sociedad sólo atienda a lo que es productivo para unos pocos ignorando el derecho de las personas mayores a vivir y morir con dignidad.
Desde la IC reclamamos la intervención de todas las instituciones que tienen responsabilidad en la gestión de todos los servicios hacia las personas mayores.
Acabar con el maltrato significa acabar con las pensiones de miseria. Los y las ancianas no deben elegir entre comer y las medicinas, entre comer o pasar frío.
Para ello es fundamental igualar la pensión mínima al SMI.
La ley de dependencia debe tener la financiación y los medios humanos suficientes para cumplir la función para la que fue creada. En 2020 más 3000 personas quedaron sin atender en Cantabria y más de treinta personas mueren todos los meses esperando las atenciones a que tienen derecho.
Las residencias para la tercera edad deben cumplir los objetivos de bien estar necesarios. El Gobierno tiene la obligación de garantizar la vida y la salud de las personas residentes. La pandemia ha dejado al descubierto las carencias y desatenciones que sufren las personas de avanzada edad en las residencias.
La única garantía de que las personas mayores no sean maltratadas es que sus derechos fundamentales, su bienestar y su dignidad sean respetados en su integridad.
Es lamentable que el mismo día en que el gobierno publica en el BOC la Estrategia frente al reto demográfico y lucha contra la despoblación 2021-2027, el consejero de Sanidad declare que la red de consultorios rurales va a ser imposible de mantener por la escasez de personal médico de Atención Primaria. Las zonas rurales tienen índices de envejecimiento muy altos (casi la mitad de los 102 municipios perdieron población los últimos años), con lo que tenemos otro mazazo más tanto al mundo rural como a su envejecida población.
Por todo ello la IC apoya la manifestación convocada por el colectivo pensionista para el 15 de junio. Manifestación justa y necesaria a la vista del desastre que sufren las personas mayores en sus derechos.